Hubo una reunión entre representantes de las personas de la ocupación, funcionarios del Municipio y fiscales. Pero no se pudo avanzar en una resolución del conflicto. Esta tarde de lunes había más personas en el predio y manifestaban que no estaban dispuestos a irse.
El intento de resolver el conflicto que se originó a raíz de la toma de un enorme predio municipal por parte de decenas de familias de esta ciudad no prosperó. Los representantes del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda aclararon en la reunión que se hizo antes del mediodía de este lunes que no habrá diálogo mientras las personas permanezcan en la toma.
Mientras, personal policial sigue apostado en los accesos al predio con la orden de no permitir el ingreso de materiales de construcción y de nuevas personas a la toma. En el lugar había esta tarde de lunes más de 70 familias. La toma había crecido en las horas últimas porque hasta el domingo al mediodía habían unas 50 familias.
El fiscal jefe Martín Lozada informó que antes del mediodía hubo una reunión en la sede del Ministerio Público Fiscal de esta ciudad. Asistieron cuatro mujeres en representación de las familias de la toma, que estuvieron asistidas por el defensor oficial Marcos Miguel.
Lozada y el fiscal de turno Inti Isla informaron a las mujeres que había una causa penal en marcha por el delito de usurpación en la que hay decenas de personas imputadas. Los fiscales les explicaron que si se retiran de las tierras, que están ubicadas en el faldeo de la ladera sur del cerro Otto, el Municipio podrá canalizar las demandas.
Sin embargo, las representantes de la toma plantearon que hay familias anotadas desde hace más de una década en los registros oficiales para acceder a una solución habitacional y que nunca hubo una respuesta por parte de los sucesivos gobiernos municipales.
Lozada informó que además el representante de Bosques de la provincia, Alfredo Allen, había comunicado que los ocupantes estaban incumpliendo dos leyes provinciales de protección de los bosques nativos y una ley nacional de preservación del medio ambiente.
Hubo un referente de la organización ambientalista Árbol de Pie, quien había advertido que los “grandes peligros que trae aparejado un asentamiento en esa zona con peligro de derrumbes y avalancha”, explicó Lozada. Los jefes del Splif de Bariloche plantearon el riesgo existente por las posibles quemas por la sequía que se registra en la región.
Lozada dijo que las mujeres se habían comprometido a volver a la toma y conversar con el resto de los ocupantes para ver si se retiraban del lugar y comparecían ante el Instituto Municipal de Tierra y Vivienda, o si continuaban en el lugar.
Pasadas las 16, las personas seguían en el lugar y reclamaban que vayan los funcionarios a cargo del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para escuchar las demandas. La amplia mayoría expresaba que estaba dispuesto a seguir en la toma, según constató RÍO NEGRO.
Había discusiones con el personal policial por el listado de personas que estaban en la toma y quiénes podían salir y volver a entrar al predio. La orden judicial era no permitir el ingreso de más personas a la ocupación ni de materiales de construcción. Solo autorizaban que pudieran entrar alimentos.
La toma está a metros de un plan de viviendas que está en la última etapa de ejecución. Las personas manifestaron que no tienen trabajo, hacen changas o venden comida en la calle para poder pagar los alquileres.
El problema por acceder a una vivienda o un lote se agudizó con la crisis causada por la pandemia en Bariloche, donde el valor de la tierra se cotiza en miles de dólares y los loteos sociales son una deuda pendiente.
FUENTE DIARIO RIO NEGRO